El diputado que promete defender el agua y tiene un balneario que la extrae como si fuera milpa

Ricardo Ferro Baeza, coordinador de Morena en el Congreso de Guanajuato y aspirante a la alcaldía de San Miguel de Allende, figura como representante legal de una empresa con concesiones agrícolas de Conagua que abastecen un hotel, un balneario y un fraccionamiento de lujo — mientras San Miguel vive una crisis hídrica sin precedente.

En San Miguel de Allende el agua escasea. Los agricultores saben bien lo que cuesta cada litro que sale de la tierra. Lo que quizás no saben es que, mientras sus cosechas se secan, una empresa vinculada al diputado morenista Ricardo Ferro Baeza extrae agua del subsuelo con permisos de uso agrícola — y la destina a un balneario, un hotel boutique y un fraccionamiento residencial.

El esquema, documentado con registros públicos y títulos de concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ilustra con claridad uno de los mecanismos más extendidos de acaparamiento hídrico en México: usar la categoría agrícola — que exime del pago por extracción — para abastecer negocios privados que debieran pagar tarifas comerciales.

"Tiene fraccionamientos para fifís, pero los pozos que explota son para uso agrícola. Le está robando el agua a los agricultores de San Miguel de Allende."

— LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, ENTONCES ALCALDE DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Un documento del Registro Público del Comercio ubica a Ricardo Ferro Baeza como representante legal de Desarrollos Pérez y Pérez, la empresa que opera el balneario Aguaceros, el hotel Atotonilco el Viejo y un fraccionamiento en las inmediaciones de San Miguel. La misma empresa es titular de dos concesiones otorgadas por Conagua para explotar pozos de extracción subterránea bajo la categoría de uso agrícola.

El problema no es menor. Quienes obtienen concesiones agrícolas de agua no están obligados a pagar por el volumen extraído, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. Adicionalmente, la CFE puede otorgarles tarifas preferenciales de electricidad para el bombeo. En otras palabras: el sistema está diseñado para subsidiar al campo — no a los hoteles.

La denuncia adquiere otra dimensión cuando se contrasta con la situación real del municipio. San Miguel de Allende atraviesa desde 2025 una condición de estrés hídrico grave: los acuíferos de la Cuenca de la Independencia — de la que depende la ciudad — llevan décadas en sobreexplotación. El crecimiento inmobiliario y turístico, la agroindustria intensiva y la urbanización acelerada han presionado el subsuelo hasta niveles que investigadores y organizaciones civiles califican como críticos.

Los tandeos en colonias populares, el abandono de parcelas por falta de riego y la proliferación de pipas que compran agua de pozos privados no son fenómenos aislados: son síntomas de un sistema en el que quienes tienen concesiones y dinero acceden al agua, y quienes no las tienen esperan.

En su campaña para la alcaldía de San Miguel de Allende en 2021 — donde perdió frente al panista Luis Alberto Villarreal — Ricardo Ferro Baeza visitó colonia por colonia prometiendo que el agua sería prioridad para los ciudadanos. "El vital líquido será prioridad para los sanmiguelenses", declaró entonces ante vecinos de Las Cuevitas y la colonia San Antonio.

Hoy, en 2026, mientras se perfila nuevamente como candidato a la alcaldía y preside la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato, la pregunta sigue sin respuesta oficial: ¿por qué su empresa opera pozos con concesiones agrícolas para abastecer negocios turísticos y residenciales? ¿Han sido actualizadas esas concesiones a la categoría que corresponde? ¿Se ha pagado la diferencia tarifaria?

El caso no es excepcional en el país. Investigaciones de medios especializados han documentado cómo complejos industriales, inmobiliarias y desarrollos turísticos operan en México con concesiones de agua agrícola, pagando tarifas mínimas o nulas por el recurso. La Conagua reconoce que hay más de 163 mil pozos pendientes de regularización a nivel nacional. San Miguel de Allende, con su tensión entre turismo de élite y comunidades rurales, es uno de los escenarios donde esa contradicción es más visible.

La ironía política es difícil de ignorar: el hombre que quiere gobernar el acceso al agua en San Miguel de Allende tiene una empresa que la extrae bajo una categoría que le permite no pagar por ella — mientras los agricultores reales del municipio dependen de ese mismo recurso para sobrevivir.